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Despegue de un Boeing 737 MAX .
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Se exige que la empresa pague más de US$1.100 millones y refuerce las medidas de calidad y seguridad como informaron los abogados del Departamento de Justicia
Boeing ha llegado a un acuerdo tentativo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitiría al fabricante de aviones evitar cargos criminales por dos accidentes fatales de sus aviones 737 Max hace más de seis años.
El acuerdo se divulgó en un expediente judicial federal el viernes, pocas semanas antes del inicio del juicio el 23 de junio en Fort Worth, Texas. Exige que la empresa pague más de US$1.100 millones y refuerce las medidas de calidad y seguridad, según informaron los abogados del Departamento de Justicia.
Se trata de un cambio radical en un caso legal que lleva mucho tiempo en marcha. El año pasado, Boeing aceptó declararse culpable de conspiración criminal. Sin embargo, el acuerdo fue rechazado en diciembre por el juez federal de distrito Reed O'Connor, quien lleva el caso desde 2021.
El nuevo acuerdo, alcanzado a pesar de las fuertes objeciones de las familias de algunas víctimas, aún debe ser aprobado por O'Connor. El gobierno indicó que se presentará un acuerdo final a finales de la próxima semana, pero ofreció un resumen de los términos en su presentación. Entre ellos: una multa de US$243,6 millones para Boeing y una orden para que la junta directiva del fabricante de aviones se reúna con los familiares de las personas fallecidas en los accidentes.
El acuerdo provisional permitiría a Boeing contribuir con US$444,5 millones a un fondo para las familias de las víctimas de los accidentes del vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, según el documento. Boeing también invertiría US$455 millones en fortalecer sus programas de cumplimiento, seguridad y calidad, según el documento.
“En última instancia, al aplicar los hechos, la ley y la política del Departamento, confiamos en que esta resolución es el resultado más justo con beneficios prácticos”, dijeron los fiscales en un comunicado, señalando que se habían “reunido extensamente” con los familiares de las víctimas.
Después de que el gobierno presentó la notificación del acuerdo, los abogados que representan a los familiares de las víctimas del accidente dijeron a O'Connor que planean objetar el acuerdo y lo instan a rechazar cualquier intento del gobierno de desestimar el caso penal contra Boeing.
“Las familias pretenden argumentar que la desestimación hace concesiones injustas a Boeing que otros acusados penales nunca recibirían y no responsabiliza a Boeing por la muerte de 346 personas”, dijeron en un expediente judicial.
Muchas de las familias se opusieron a cualquier acuerdo que permitiera a Boeing evitar un proceso penal. Llevan años luchando para obtener sanciones más severas para la compañía. Ambos accidentes se relacionaron con un sistema de control de vuelo defectuoso en los aviones 737 Max. El único funcionario de Boeing que fue juzgado fue un gerente de nivel medio que supervisaba los manuales de los pilotos y los materiales de capacitación. Fue absuelto.
Catherine Berthet, cuya hija de 28 años, Camille Geoffrey, murió en el accidente de 2019, dijo que estaba "absolutamente atónita" por el acuerdo propuesto.
"Nunca podré apaciguar mi dolor y mis lágrimas", declaró Berthet. "Al decidir no procesar a Boeing ni llevarlo a los tribunales, el gobierno envía el mensaje a la opinión pública de que las grandes empresas están por encima de la ley y la justicia, incluso cuando matan".
No todas las familias de las víctimas se oponen al acuerdo, según los fiscales.
En la presentación del viernes, el Departamento de Justicia declaró que los familiares y abogados que representan a más de 100 víctimas de accidentes expresaron su apoyo a la resolución y a los esfuerzos por cerrar el caso antes del juicio, o bien no se opusieron al acuerdo. Un familiar declaró al gobierno que desea que "el Departamento de Justicia encuentre una manera de resolver este asunto lo antes posible".
Boeing se negó a comentar sobre el acuerdo. Las acciones de la compañía cayeron menos del 1% el viernes.
El caso ha dado varios giros. En 2021, Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para aplazar el procesamiento por los cargos de engaño a los reguladores sobre el sistema. En virtud de dicho acuerdo, Boeing pagó una multa de US$243,6 millones. A principios de 2024, dos días antes de que se desestimara el cargo, un tapón del tamaño de una puerta explotó en un 737 Max en vuelo. Si bien no hubo fallecidos, el accidente dio lugar a investigaciones y a la constatación de controles laxos en las fábricas de Boeing.
El gobierno afirmó que Boeing violó el acuerdo de 2021 y recomendó una acusación penal. Boeing aceptó declararse culpable, pagar una multa e instalar un monitor corporativo independiente. El acuerdo también habría exigido a la compañía invertir al menos US$455 millones para reforzar sus programas de cumplimiento normativo y seguridad.
Pero O'Connor rechazó esa propuesta en diciembre. Afirmó que el acuerdo reducía su papel en garantizar que Boeing cumpliera sus promesas y que el proceso de selección de un monitor independiente se basaría en políticas de diversidad, equidad e inclusión, lo que, según el juez, impondría indebidamente la raza en la decisión de contratación.
En marzo, O'Connor ordenó que Boeing fuera juzgado en junio. Si bien no explicó su decisión, la orden se emitió un día después de que el Wall Street Journal informara que Boeing buscaba clemencia del Departamento de Justicia y trataba de evitar una acusación penal.
El acuerdo de culpabilidad original fue elaborado por el Departamento de Justicia de la administración Biden, que alegó que era práctica habitual incluir lenguaje relacionado con las políticas de DEI. Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump ha estado erradicando los programas de diversidad dentro del gobierno federal.
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