“En estos momentos no hay suficiente liquidez para pagar las deudas que tiene Air-e”

Previo a la edición 27 del congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco: Camilo Sánchez, su presidente, destacó el problema que representa Air-e para el sector de energía, y alertó sobre la informalidad que generará la reforma laboral.

¿Qué cree que le ha impedido a Air-e salir de la crisis financiera y la intervención?

El problema grave es que las inversiones a las que se está respondiendo no se están realizando. El superintendente de servicios públicos no ha presentado las solicitudes obligatorias al Ministerio de Hacienda. Hoy, los recursos del fondo están en trámite. Es fundamental que tengamos un interventor que realmente cumpla con su tarea.

Hay muchos proveedores, como Air-e que tienen problemas porque no han tenido la liquidez para seguir avanzando, y esto se va a repetir; ha habido muchos recortes repentinos, pero no se han logrado llevar a cabo estos procesos.

Hoy el problema ya es con las redes, con la inversión y el pago a todos esos proveedores que están atrasados y que, como ustedes han notado, no son solamente subsidios, sino también opciones tarifarias. Este dinero es fundamental, para la intervención que ya lleva nueve meses, el Gobierno no pudo bajar los precios, porque eso no era tan fácil como pensaron en su momento.

¿Cuáles son las deudas que tiene actualmente Air-e, cuánto debe pagarle el Gobierno?

Se requieren más de $1,5 billones, esto es muy importante porque hay muchos proveedores. La gente no se ha dado cuenta que en cualquier momento vamos a tener un apagón, no solo financiero, porque no se están haciendo inversiones ni se están destinando los recursos a todo el sector.

Por eso es clave que el gobierno entienda que este es un problema fundamental, el otro problema es la opción tarifaria, que en el caso de Air-e no se ha pagado. La multa se impuso, por ejemplo, a Afinia en un periodo de cinco años, mientras que en Air-e se recaudó todo el dinero de una vez, la reducción de la tarifa en este momento se debe a que en un solo año se recaudó toda la opción tarifaria.

¿Además de la región Caribe hay otro departamento que corra el mismo riesgo?

No, hoy está en riesgo, primero Air-e, pero también Afinia, que logró que la opción tarifaria, por ejemplo, se cobrara a cinco años, mientras que a Air-e se le cobró a un año. Así que les cobraron muy caro, y por eso las tarifas en ese momento subieron mucho. Hoy, el grave problema es que los recursos se otorgan a pequeñas empresas en el territorio colombiano.

Ya vieron cómo en Puerto Carreño, por $1.600 millones, tuvieron tres días de crisis, y debemos tener cuidado para que esto no vuelva a suceder.

Debemos ser muy cuidadosos al brindar los recursos a estas pequeñas empresas en Putumayo, Chocó, Guainía, toda la zona del Huila, en La Guajira, para evitar estos pequeños brotes que podrían terminar.

Como dijimos en el caso de Puerto Carreño, hubo más de 30.000 personas que estuvieron ausentes durante tres días.

¿Cómo cree que la reforma laboral afectará a las empresas del sector?

El Consejo Gremial Nacional genera 80% del Producto Interno Bruto, PIB, colombiano, es decir, que genera 75% del empleo real y formal del país.

Por eso nuestra participación es muy importante en la economía, porque somos quienes pagamos a los trabajadores dominicales, las horas extras, hacemos todos los procesos que, pero los discursos, se dice que somos los esclavistas de ese país, pero no, somos nosotros quienes pagamos. A esto hay que revisarle la informalidad.

El perfil

Camilo Sánchez Ortega,es economista de la Universidad Javeriana, cuenta con un magíster en gobernabilidad y democracia de la Universidad Santo Tomás, es especialista en alta gerencia de la Universidad de Los Andes y egresado del programa de alto gobierno de la Escuela Alberto Lleras Camargo. También cuenta con estudios de análisis de política y derecho económico de la Universidad Externado.

Ejerció como concejal de Anapoima; fue representante a la Cámara por Cundinamarca; Senador; ministro de Vivienda; y alto consejero presidencial para las regiones. Desde 2018, se desempeña como presidente de Andesco, es presidente del Consejo Gremial Nacional por la vigencia de 2025.