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La Constitución define a la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; además, como derecho irrenunciable que se debe garantizar a todos asegurando el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación.
El sistema actual funciona por afiliación, cuando la Constitución establece que debe ser universal y para todos. Las EPS afilian y las IPS prestan los servicios. Las primeras contratan a las segundas y han constituido su propia red dentro de un cuestionado proceso de contratación e integración vertical. Las clínicas y hospitales hacen parte de la red de prestadores y los públicos quedaron expuestos a la venta de servicios, desdibujándose la esencia del derecho a la salud.
El funcionamiento de este mecanismo recae sobre las EPS, quienes manejan los recursos y deciden cuándo, cuánto y en qué momento pagar por los servicios que les prestan. Aquí está la explicación sobre la crisis económica que enfrentan las IPS, especialmente clínicas y hospitales. Las deudas de las EPS liquidadas entre 2017-2024 suman $30 billones, reconocieron $9,4 billones y han pagado $1 billón. Esta trágica situación se corrige con la reforma porque Adres será el pagador directo para evitar la intermediación financiera y ganar eficiencia. El monto que manejan actualmente las EPS suma $100 billones. He aquí la resistencia a la reforma.
El sistema está segmentado por ingresos -contributivo, subsidiado y prepagada- y dentro de cada uno el acceso y atención depende de la situación financiera de la EPS, es decir, todos dentro del contributivo no son atendidos igualmente, quizá donde la atención es más parecida es en el servicio de medicina prepagada, confirmando que acceso y atención dependen del ingreso y no del reconocimiento de un derecho fundamental. Inaceptable.
El sistema ha estado en permanente crisis y la única solución ha sido flexibilizar las condiciones técnicas y financieras de los responsables del aseguramiento, EPS, por ejemplo, entre 2007 y 2022 se expidieron 18 decretos relajando condiciones de cumplimiento, exigencias de requisitos financieros y autorizando inversiones y disposición de recursos, los cuales son públicos y han ido a parar a actividades distintas al servicio público de salud y su garantía como derecho.
Dichas decisiones no han permitido conocer la realidad operativa y financiera de las EPS. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la expedición de esas normas vulneró derechos colectivos y el acceso al servicio público a la salud y a su prestación eficiente y oportuna, incluso, evidenció una especie de captura del regulador por parte de particulares.
En 1994 había 157 EPS, se han intervenido y liquidado 130, por eso quedan sólo 27, luego es cierto que sin hacer nada el mismo sistema se destruye, mientras las enfermedades avanzan. Intervención no es liquidación y tampoco significa control absoluto sobre la entidad. Es un proceso que puede terminar salvando o liquidando la institución. Bien lo dice el ministro Jaramillo cuando sostiene que las EPS intervenidas están en cuidados intensivos, queriendo decir que se trata de salvarlas, ya que si se liquidan se generaría caos y tragedia social. Las EPS liquidadas por gobierno han sido: Pastrana 78, Uribe 6, Santos 18, Duque 11 y Petro 4; la mayoría se fueron sin pagar sus deudas.
La reforma busca convertir las EPS en gestoras de salud y pasarían a apoyar el componente de atención primaria, que es un enfoque nuevo, ya que el actual sistema no previene enfermedades, todo lo contrario, debido el enfoque de afiliación, servicio y cobro. Además, combate las barreras de acceso y elimina las autorizaciones y la disponibilidad de agendas.
La salud es un derecho fundamental y la Corte Constitucional lo ha declarado conexo al derecho a la vida. Inconcebible que, después de que todos los municipios tenían hospital público, ahora existan 308 sin sala de parto, 184 sin servicios de urgencias y 305 sin hospitalización de adultos. El mecanismo creado en tres décadas nunca funcionó como servicio público de salud y ha privilegiado rentabilidades sobre necesidades.
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