León XIV y la revolución digital

El anuncio del nuevo Papa León XIV, de origen peruano-estadounidense, va mucho más allá de lo religioso. Su nombre remite a León XIII, quien, en 1891, en plena revolución industrial, alertó sobre los efectos del avance tecnológico sin justicia social. Hoy, más de un siglo después, el mundo enfrenta un desafío similar, pero mucho más complejo: la revolución digital.

Según el Foro Económico Mundial, 44% de las tareas laborales a nivel global serán automatizadas en los próximos cinco años. Ya no se trata solo de reemplazar trabajadores industriales, sino de sistemas invisibles que hoy deciden, sin rostro y sin rendir cuentas, quién accede a un empleo, a un crédito o a un servicio de salud. Sistemas que clasifican y descartan a millones de personas en segundos, mientras la mayoría ni siquiera entiende cómo funcionan, ni quién realmente se beneficia.

En este contexto, el Vaticano publicó recientemente el documento Antiqua et Nova (2025), que advierte sobre los riesgos de un desarrollo tecnológico sin control ético. El llamado es claro: poner límites antes de que sea demasiado tarde. León XIV asume ahora el reto de pasar del discurso a la acción, y lo hace en un momento en que el debate sobre la inteligencia artificial ya no es solo técnico, sino profundamente humano, político y, quién sabe, si hasta religioso.

El verdadero desafío no radica únicamente en el avance tecnológico, sino en la ausencia de un marco global que regule quién diseña y controla las reglas del juego. La discusión ética y política sobre la inteligencia artificial sigue siendo dispersa y reactiva, mientras las grandes corporaciones tecnológicas avanzan con modelos de negocio que procesan y administran datos personales a una escala sin precedentes.

Aunque los gobiernos promueven el lindo discurso de la “transformación digital” como si fuera el camino, la verdad y la vida, existe un vacío regulatorio evidente en cuanto a la protección efectiva de las personas frente a sistemas que ya deciden sobre sus oportunidades laborales, financieras y sociales. Este escenario concentra el poder en actores privados que operan, en muchos casos, por fuera del control democrático y de las capacidades regulatorias nacionales.

La historia demuestra que el avance tecnológico sin responsabilidad social genera desigualdades profundas. Lo que diferencia esta nueva revolución es su naturaleza silenciosa, transnacional y digital, que dificulta aún más su gobernanza. Por ello, no se trata de frenar la innovación, sino de garantizar que el desarrollo tecnológico esté acompañado de políticas públicas y marcos éticos que prioricen el bienestar humano por encima de la eficiencia o la rentabilidad.

León XIV ha puesto este debate sobre la mesa en un momento crucial. Sin embargo, la responsabilidad trasciende al ámbito religioso y exige una acción conjunta de gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad internacional. El desafío es asegurar que el progreso digital no profundice las brechas existentes, sino que contribuya a cerrarlas.

En Colombia, este es un llamado urgente a repensar sus estrategias de digitalización, que hasta ahora se han centrado más en infraestructura que en gobernanza, ética y protección de derechos. No basta con conectar territorios o digitalizar servicios si esos sistemas no son transparentes, justos y centrados en las personas.

El país necesita avanzar hacia una agenda digital con responsabilidad pública, que no dependa exclusivamente del mercado y que reconozca que cada avance tecnológico debe estar respaldado por reglas claras, supervisión efectiva y participación ciudadana real. Solo así, la revolución digital podrá ser una verdadera oportunidad de equidad, y no el próximo capítulo de exclusión silenciosa en nuestra historia.