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La regla fiscal se suspendió una vez y fue en pandemia
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La ley que limita la capacidad de deuda pública fue suspendida en 2020 por la crisis del covid-19; por lo que se agregó la cláusula de escape en 2021, para emergencias
El Gobierno Nacional tocó uno de los puntos más sensibles de la política de presupuesto público: la regla fiscal. Esta es una ley que limita la capacidad de endeudamiento en la política fiscal, estableciendo un margen de déficit dentro de las finanzas públicas que no se puede superar, con el objetivo de mantener un equilibrio entre los ingresos y los gastos.
La decisión que podría tomar el Gobierno es la de suspender la regla fiscal por un máximo de tres años. La medida se aplicaría a través de una cláusula de escape, que establece que, bajo circunstancias excepcionales, puede suspenderse la ley que limita el gasto. La regla fiscal lleva casi 15 años en vigencia, y desde su creación solo se ha suspendido una vez, y esta fue durante la pandemia de covid-19.
Mediante la ley 1473 de 2011 se dio origen al mecanismo. Para ese momento, el déficit fiscal era de 2,9%, el segundo más bajo en la década del 2000, solo detrás del de 2008 (2,6%).
La regla entró en vigencia desde el 1º de enero, y en este punto cabe aclarar que no existía la cláusula de escape, con la cual el Gobierno pretende en la actualidad suspender la ley. En ese entonces, se estableció que el límite de deuda era de 71% del PIB, y el ancla, de 55%.
El observatorio fiscal de la Universidad Javeriana señaló que, para ese momento, el Gobierno no gastó los ingresos ocasionales hasta 2018. Es decir, aquellos recursos que ingresan al erario pero que no hacen parte de los ingresos corrientes.
Entre 2012 y 2018, el déficit fiscal mantuvo una cierta estabilidad. En el primer lapso, este se ubicó en 2,3% y finalizó en 2018 en 3,1%. Según lo manifestó el observatorio javeriano, las cosas empezaron a cambiar desde 2019, cuando se incluyeron ingresos del Banco de la República como parte de los ingresos corrientes, algo que, según el centro académico, no se debió hacer, porque terminó generando mayor capacidad de gasto.
Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, señaló que, desde la creación de la regla, se incluyó la posibilidad de tener fluctuaciones cíclicas por el crecimiento de la economía, y que los elementos de flexibilización al interior de la norma, tales como son su suspensión, se aplican en eventos extraordinarios que pongan en riesgo el contexto macroeconómico.
Frente a la decisión del Gobierno, manifestó que “es una mala idea porque significa mayor gasto, mayor deuda y mayores intereses para esta deuda. Pero si el Gobierno hace esto, lo que indica la ley es que tiene que presentar un plan para retornar a la restricción en máximo tres años”, agregó.
El observatorio de la Javeriana señaló que en 2019, el Comité Asesor de la Regla Fiscal aprobó aumentar el déficit desde 2019 hasta 2023 en pequeños porcentajes, que iban disminuyendo a medida que avanzaban los años en ese lapso. Sin embargo, en marzo de 2020 llegó la pandemia de covid-19, un evento fundamental en la historia de la regla fiscal.
“La suspensión es una mala idea porque significa mayor gasto y deuda. Pero si el Gobierno hace esto, tiene que presentar un plan para retornar a la restricción que implica la regla en un plazo de tres años”.
“Debe haber un panorama actualizado y coherente con la coyuntura nacional e internacional, acompañado de una hoja de ruta fiscal que permita retomar el cumplimiento de la regla fiscal”.
En ese momento, el Gobierno decidió suspender la ley hasta 2021, debido a la crisis sanitaria. La regla permitía un déficit máximo de 6,1% del PIB, pero se requirió 8,2%. Para ese año, el déficit fiscal alcanzó el 7,8%.
Luego de la suspensión, se expidió la ley 2155 de 2021, que estableció cambios en la normativa. El límite de deuda y el ancla se mantuvieron en 71% y 55% del PIB, respectivamente. Pero esta vez, la ley integró una cláusula de escape, que permite un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales en caso de que exista un factor de peso que justifique la medida.
Los registros del déficit fiscal señalan que, después de la pandemia, este se elevó significativamente. Pasó de 2,3%, 4% y 3,7% (antes de 2020), a 7,8%, 7% y 6,7% tras la pandemia.
Tras la superación de la crisis sanitaria, en 2024 el Gobierno propuso la regla fiscal verde, mecanismo que se agregó en la ley de financiamiento, y que hubiese permitido un mayor déficit a través de proyectos verdes.
Los académicos javerianos señalaron que la decisión de suspender la regla fiscal confirma que las cuentas presentadas en el Plan Financiero estaban mal elaboradas y que se sobrestimaron los ingresos.
Para ellos, utilizar la cláusula de escape significaría sincerar las cuentas para cumplir artificialmente con la norma. Es decir, hacen referencia a que el Gobierno Nacional fue generoso, en el papel, respecto a los ingresos que recibiría, y al no contar con la caja suficiente, está buscando la forma de no incumplir la normativa.
Además, advirtieron que la proyección de cerrar con un déficit fiscal de 5,1% del PIB en 2025, según lo establece el Plan Financiero, podría no cumplirse, ya que, todo indica que existe un descuadre entre ingresos y gastos, lo cual ampliaría la brecha fiscal, expresaron.
De esta forma, la cláusula se presenta como la alternativa que el Gobierno ve más viable, en un contexto en el que no puede reducir sus gastos porque son inflexibles, pero tampoco puede generar ingresos para cumplir con los balances.
“El Gobierno toma esta decisión porque quiere gastar más, y esto implicaría un mayor nivel de deuda sin ningún control. La suspensión no tiene origen en un hecho extraordinario, a diferencia del que hubo en la pandemia”, indicó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, afirmó que debe haber “un panorama macroeconómico actualizado y coherente con la coyuntura, acompañado de una hoja de ruta que permita retomar el cumplimiento de la regla fiscal y mantener la sostenibilidad de las finanzas”. Pero Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, afirmó que, tras esta declaración del Gobierno, el déficit podría aumentar en el primer semestre de 2025 a más de 7%.
Montealegre es abogado egresado de la Universidad Externado y cuenta con una especialización en derecho penal y constitucional
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