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Las preguntas de la consulta popular
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Aliadas Colombia, Fenalco y la Asociación Colombiana de Minería, entre otros aseguran que el Gobierno está vulnerando la separación de poderes
El presidente Gustavo Petro anunció que a pesar que a la reforma laboral le queda un debate en el Senado para su aprobación, convocará por vía decreto la consulta popular, reviviendo la iniciativa hundida a mediados de mayo, lo que ha generado malestar en los sectores productivos. De hecho, los gremios dicen que se está atentando contra la separación de poderes, algunos lo tildaron como "el verdadero golpe de Estado".
El mandatario comentó que se presentaron varios vicios de constitucionalidad y que no hubo un concepto favorable. Ante ello, anunció que el decreto de consulta popular se presentará ante la Corte Constitucional, a más tardar, el jueves de la próxima semana, 12 de junio.
Tras este anuncio, varias voces rechazaron la iniciativa, entre estos, el Consejo Gremial. La entidad expuso su rechazo mediante un comunicado en el que aseguró que esta decisión vulnera la Constitución y la institucionalidad del país.
La entidad gremial expresó su preocupación al respecto porque ese anuncio representa "una grave vulneración al orden legal" y a la independencia de poderes establecida en la Constitución Política.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, respondió ante el rechazo del Consejo Gremial a través de su cuenta de X. El mandatario comentó que el consejo ha desatado la coyuntura al no dejar que los senadores discutan la reforma laboral.
"El consejo nacional gremial en pleno neoesclavismo anacrónico debe aceptar que el pueblo existe y que es el poder en Colombia", agregó Petro.
Otros gremios como la Federación Nacional de Comerciantes también rechazaron la iniciativa. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, comentó que se trata de un intento de apropiarse de $750.000 millones (valor estimado de la realización de la consulta popular) y de iniciar la campaña presidencial de cara a las elecciones de 2026.
Asimismo, Aliadas Colombia, que agrupa a gremios entidades como Afidro, AmCham, Afic, Defencar y Fenalcarbón, rechazó por medio de un comunicado de prensa esta iniciativa. "En Colombia, el futuro no se impone por decreto: Se construye con la Constitución como base común", expone dentro del documento.
Aliadas hace un llamado a las autoridades responsables a actuar con "celeridad, en el marco de sus funciones constitucionales y legales" y agregó que la protección de la Constitución es una responsabilidad colectiva.
La Asociación Colombiana de Minería también rechazó la decisión del presidente. "Las medidas que afectan la economía nacional, la productividad industrial, así como los derechos adquiridos de miles de trabajadores y la estabilidad jurídica de los sectores productivos, no pueden ser impuestas mediante decisiones unilaterales que buscan eludir los trámites constitucionales", expone la asociación en el comunicado.
De la misma manera, reiteraron su disposición para contribuir a la construcción de una visión colectiva e incluyente de país.
Juan Pablo Córdoba es economista de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania
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