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La cronología de los escándalos de Ricardo Roa
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Ricardo Roa aseguró que no realizó ningún tipo de interceptaciones y que el pasado 24 de mayo se activó un “proceso de análisis digital ante las filtraciones”
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, denunció haber recibido amenazas de muerte, así como la filtración de información confidencial de la petrolera estatal. Según declaró, dichas amenazas estarían motivadas por su orientación sexual, y advirtió sobre una “campaña de desprestigio” en su contra, con posibles fines políticos.
Roa asumió la presidencia de la Ecopetrol en abril de 2023, y desde entonces ha enfrentado una serie de escándalos e investigaciones. Una de las más relevantes es el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral, CNE, por una presunta violación a los topes de financiación durante la campaña presidencial de 2022, en la que Roa se desempeñó como gerente de campaña Gustavo Petro.
El directivo es investigado por la Fiscalía por un presunto direccionamiento de contratos a favor de una empresa, mientras que la Procuraduría también le abrió una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá que se habría adquirido por debajo de su valor comercial.
En cuanto a la gestión financiera de la compañía, también ha habido críticas; estas señalan malos manejos contractuales, la sustitución de personal técnico y una supuesta interferencia directa del presidente Petro en decisiones de la empresa, lo que habría afectado el comportamiento de la acción de Ecopetrol, así como la confianza de inversionistas, dijo el economista.
Sin embargo, Roa expresó que “la solidez de la estatal petrolera no está en entredicho”.
Luego aseguró que, como presidente de la empresa, “no firma ni suscribe contratos directamente”, y que tampoco participa en contrataciones, particularmente en las que involucran a la Junta Directiva.
El funcionario manifestó que no tuvo ninguna relación en el contrato con Covington & Burling, el cual, según Roa, se encuentra suspendido.
El contrato con la firma se dio a conocer mediante un comunicado de la Junta Directiva, en el que se informó que Covington & Burling fue contratada para realizar un análisis de políticas y procesos relacionados. También se reveló la firma de un otrosí, cuyo propósito sería evaluar el impacto que tuvieron las “polémicas” en torno al presidente, Ricardo Roa.
“A solicitud de la Junta Directiva, en uso de sus facultades estatutarias y como resultado de un proceso plural, Ecopetrol contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses. En este proceso no participó el presidente de la compañía. El contrato referido le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes”, aseguró la Junta.
Roa expresó que no realizó ningún tipo de interceptaciones y que el 24 de mayo se activó el “proceso de análisis digital ante supuestas filtraciones internas que violan el código de ética”, adicionando que hubo 29 casos.
“No se entiende cómo es posible que malgasten esa suma de dinero en una investigación sobre la cual se sabe el resultado: sus procesos e investigación hacen daño reputacional”.
“Como presidente de la compañía más importante del país, está permitiendo que se la roben. Su permanencia en Ecopetrol es insostenible, debe renunciar de inmediato”.
Delegados de la Procuraduría llegaron a las oficinas de Ecopetrol para realizar una inspección en el marco de un proceso disciplinario en curso. La medida se habría tomado por presuntas irregularidades en el contrato con Covington & Burling, que superó US$5 millones. El Ministerio Público busca encontrar quién autorizó la firma del otrosí del contrato con la compañía estadounidense.
La Procuraduría anunció la diligencia para el pasado 4 de junio, a las 8:30 a.m., y esta inspección fue de carácter disciplinario en oficinas de Ecopetrol.
La inspección fue ordenada por Natalie Erasso, procuradora tercera delegada para contratación estatal. A la vez, asistieron Gloria Quintero, también procuradora tercera delegada para Contratación Estatal, junto con Dolly Rodríguez, funcionaria adscrita al ente de control.
Todo comenzó el 2 de febrero de 2023, unos meses antes que Ricardo Roa asumiera la dirección de la estatal petrolera, cuando al despacho del CNE llegó una denuncia anónima por un presunto incumplimiento de las normativas de financiación electoral.
El segundo lío se dio el 4 de diciembre de 2024, cuando el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo denunció por injerencia en la Hidroeléctrica Urrá. El siguiente problema llegó el 9 de mayo de 2025, cuando la Fiscalía 21 abrió investigación por direccionamiento de contratos, para favorecer a Helistar.
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