Apaciguamiento que mata…

A eso de la mitad de marzo escribí una columna donde ponderaba la valentía de la Comisión Séptima del Senado por haber hundido ese esperpento de reforma laboral que quería aprobar el Pacto Histórico. En esa columna confesaba que siempre había tenido muy pocas expectativas de que el Legislativo fuese a tener los cojones para hundir esa barbaridad. Por eso, en esa antigua columna, dije lo siguiente: “Al César lo que es del César. En nombre de mis compatriotas, por lo menos los que queremos que Colombia siga siendo un lugar vivible después de 2026, le agradezco inmensamente a las ocho almas valientes que presentaron el concepto de archivo a ese esperpento de “reforma” laboral en la Comisión Séptima, a pesar de que sabían que se iban a tener que enfrentar con una turba que iba a comenzar a desearles hasta la muerte. Ese proyecto de ley, que parece haber colapsado, lo hizo porque es un pésimo proyecto, un camino expedito a destrozar millas de empleos formales, y un proyecto que condenaba al trabajador informal a seguir siendo informal por siempre, no porque la oposición al Petrismo estuviese buscando generar una crisis institucional”.

Claramente tres meses en Colombia son una eternidad, y hoy estamos teniendo que aceptar que el Petrismo se salió con la suya. La reforma pasó en la plenaria del Senado, y salió incluyendo gran parte de las ideas iniciales del presidente Petro (todas absurdamente malas). En mi opinión, la reforma pasó porque los parlamentarios decidieron que era menos grave dejar pasar esta PÉSIMA reforma con tal de poder quitarle cualquier argumento a Petro de seguir con su idea espuria de convocar una consulta popular para implementar su famosa reforma laboral vía una votación nacional, ah, y de la mano de apropiarse de $750.000 millones de los contribuyentes para hacer política corrupta en las elecciones venideras de 2026.

Me sostengo en mis argumentos: la informalidad laboral es el mayor problema del que sufre la macroeconomía colombiana. El hecho de que la informalidad sea así de alta implica, entre otras muchas cosas, que el Gobierno no está recaudando los recursos suficientes que necesita para tener una política de seguridad social sostenible y de calidad, o para invertir más en infraestructura básica. Implica que los recursos para la salud son más bajos de lo que deberían ser, y que 56% de los trabajadores de Colombia no tiene derecho a prima navideña, salud subsidiada, subsidio de transporte, vacaciones, licencia de maternidad, etc., etc.

Un estudio del Banco de la República publicado en mayo de 2023, bajo el título “Reporte de Mercado Laboral - Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral” , argumentaba que en caso de que el proyecto de reforma laboral fuese aprobado, el país podría perder un total de 450.000 empleos formales en un horizonte de entre tres y cuatro años. Además, según argumentaba la consultora Carolina Restrepo Cañavera, durante una discusión en X, esta reforma es contraria a los intereses de los jóvenes aprendices del país: “130% de deducción tributaria aplica sobre el salario, no sobre el costo total. El Icap de 25% y el “bono joven” de 30% no son subsidios universales, tienen condiciones, son limitados y sujetos a disponibilidad presupuestal. Muchos empresarios ni siquiera califican o no están en régimen de renta. Conclusión ordinaria: monetizar sigue siendo más barato, más predecible y menos riesgoso. Y es exactamente lo que están haciendo cientos de empresas ¿Quién pierde?

Tengo dos certidumbres: ninguna de las personas que han estado asociadas con esta reforma ha trabajado un solo día de su vida en el sector privado; y, dos, ninguna de estas personas ha creado un empleo formal en su vida. La exministra Ramírez, el concejal Carrascal, o el bárbaro ese del senador Wilson Arias, para nombrar solo tres casos, no tienen la capacidad de entender que sin emprendimiento no hay empleo, y sin que exista una legislación laboral amigable con el empleador, no habrá posibilidad de emplear a la gente. Los discursos maoístas no alimentan al pueblo. Los empresarios, sí. Ojo con 2026.